Cómo funcionan las sanciones

La verificación de sanciones es el único control de cumplimiento en el que una sola coincidencia no detectada puede constituir por sí misma una infracción, sea cual sea el monto y la intención. Los controles contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) preguntan si una actividad es sospechosa; las sanciones preguntan si una persona, entidad o lugar prohibidos están involucrados. Un responsable de cumplimiento que entiende de dónde provienen las sanciones, qué prohíben y a quiénes abarcan puede diseñar una verificación proporcionada, en lugar de ciega o paralizante.

Sanciones frente a LA/FT

Ambas disciplinas utilizan los mismos datos de clientes y transacciones, pero funcionan de manera distinta.

El GAFI conecta ambas disciplinas. La Recomendación 6 exige que los países implementen sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo, y la Recomendación 7 hace lo mismo con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ambas exigen congelar sin demora, lo que el Glosario del GAFI define, para las designaciones de la ONU, como hacerlo idealmente en cuestión de horas. La Recomendación 15 incluye los criptoactivos en estas obligaciones: los activos virtuales cuentan como «fondos u otros activos» y, mediante la Nota Interpretativa de la Recomendación 15 (INR.15), los requisitos de la Recomendación 16, incluida la adopción de medidas de congelamiento y la prohibición de transacciones con personas designadas, se aplican a las transferencias de activos virtuales.

Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU: la base mundial

El Consejo de Seguridad de la ONU impone sanciones en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. El Artículo 41 le permite decidir medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada, y el Artículo 25 obliga a todos los Estados miembros de la ONU a aceptar y cumplir sus decisiones. Por lo tanto, una resolución de sanciones del Consejo es vinculante en todos los Estados miembros, lo que la convierte en el único nivel verdaderamente mundial del derecho sancionador. Desde 1966, el Consejo ha creado unos 30 regímenes; la cantidad vigente en cada momento cambia a medida que los regímenes terminan o comienzan.

La mayoría de los regímenes cuenta con un comité de sanciones, integrado por los 15 miembros del Consejo, que agrega y elimina nombres, gestiona exenciones y publica orientaciones. Muchos comités cuentan con el apoyo de un grupo de expertos o un equipo de vigilancia que investiga la evasión. Los regímenes se dividen en tres grandes categorías:

• lucha contra el terrorismo, como el régimen del EIIL (Da’esh) y Al-Qaida, que surgió de la resolución 1267 (1999), y el régimen talibán en virtud de la resolución 1988 (2011);
• no proliferación, como el régimen relativo a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), en virtud de la resolución 1718 (2006);
• regímenes relacionados con conflictos para países o regiones específicos.

Todas las personas designadas por cualquier comité aparecen en la Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU, publicada en formatos legibles por máquina. Cada entrada tiene un número de referencia permanente, nombres y alias, e identificadores como fecha de nacimiento, nacionalidad y datos del pasaporte. La resolución 1373 (2001) establece una segunda vía: exige que los países congelen los fondos de las personas que cometan o intenten cometer actos terroristas, lo que en la práctica significa designarlas mediante procedimientos nacionales; por tanto, las listas nacionales de terroristas elaboradas en virtud de ese mandato también forman parte de la base de la ONU.

En la mayoría de los sistemas jurídicos, las resoluciones de la ONU no son autoejecutables. Cada país les da efecto mediante sus propias leyes, y los evaluadores del GAFI verifican con qué rapidez ocurre. El intervalo de varios días entre la inclusión en una lista de la ONU y su entrada en vigor a nivel nacional es una ventana de evasión conocida; por eso, una empresa bien gestionada verifica directamente la lista de la ONU y no solo su transposición nacional.

Regímenes autónomos

Muchos países y organizaciones regionales también imponen sanciones autónomas: medidas adoptadas en virtud de sus propias leyes, sin una decisión del Consejo de Seguridad. Estas pueden dirigirse a las mismas personas que las sanciones de la ONU, ir más allá en relación con el mismo país o abordar cuestiones sobre las que el Consejo no ha actuado, como la actividad cibernética maliciosa, las violaciones de los derechos humanos o la corrupción.

Los regímenes autónomos difieren en cuanto a quiénes obligan (nacionales, residentes, empresas constituidas localmente, transacciones en su moneda o que pasan por su territorio), qué prohíben y cómo definen la propiedad. La Unión Europea y los Estados Unidos, por ejemplo, redactan de manera distinta sus pruebas de propiedad y su alcance, por lo que un mismo cliente puede estar sujeto a una prohibición en uno y estar permitido en el otro.

Por lo tanto, una empresa de criptoactivos necesita documentar qué regímenes aplica. Los criterios habituales son:

1. los regímenes del Consejo de Seguridad de la ONU, siempre;
2. los regímenes de todos los países donde la empresa está constituida, autorizada o registrada, o donde tiene personal;
3. los regímenes que se aplican a la empresa a través de sus bancos, socios de pago, emisores de monedas estables e inversionistas, que a menudo exigen su cumplimiento como condición contractual;
4. los regímenes que la empresa adopta como política debido a su base de clientes o a su apetito de riesgo.

Qué hacen las medidas de sanción

El congelamiento no es una confiscación. Los activos congelados siguen perteneciendo a la persona designada; simplemente no deben moverse. La mayoría de los regímenes permite licencias o exenciones, por ejemplo, para gastos básicos de subsistencia, honorarios legales o actividades humanitarias, que concede la autoridad competente. Una empresa solo libera o mueve activos congelados cuando cuenta con una autorización por escrito.

Quiénes están cubiertos: designaciones, propiedad y control

Las designaciones nombran a personas físicas y entidades (empresas, grupos, buques) y, en algunos regímenes autónomos, direcciones de activos virtuales incluidas como identificadores de una parte designada. La obligación va más allá de la propia lista. La INR.6 describe los activos que deben congelarse como aquellos que pertenecen a personas designadas o que estas controlan, total o conjuntamente, directa o indirectamente; los activos derivados o generados a partir de ellos; y los activos de personas que actúan en nombre de aquellas o siguiendo sus instrucciones.

Las normas de propiedad y control determinan cuándo una empresa no designada se trata como si estuviera designada, y varían según el régimen. Una modalidad común es la regla agregada del 50 %: una entidad cuya propiedad pertenece en un 50 % o más, en total, a una o varias personas designadas queda bloqueada. Otros regímenes evalúan si una sola persona designada posee más de la mitad o ejerce el control mediante derechos de voto, nombramientos de miembros de la junta directiva o acuerdos.

Un ejemplo práctico. La Empresa X no está incluida en ninguna lista. La persona designada A posee el 30 % de ella y la persona designada B posee el 25 %. La Empresa X posee el 60 % de la Empresa Y.

• Según una regla agregada del 50 %, X queda bloqueada (30 % + 25 % = 55 %), y Y también, porque una entidad bloqueada posee el 60 % de ella.
• Según una regla que solo considera una participación individual superior al 50 %, ninguna queda automáticamente alcanzada, pero la empresa aun así debe evaluar si A o B controla X, por ejemplo, mediante el nombramiento de sus directores.
• En cualquier caso, el expediente de incorporación del cliente debe mostrar la cadena de propiedad, los porcentajes, la regla aplicada y la fecha de la verificación.

Por eso, los datos sobre beneficiarios finales (véase la lección Personas jurídicas y beneficiarios finales) alimentan la verificación de sanciones: un cliente cuyo nombre no aparece en ninguna lista aun así puede estar sujeto a prohibiciones.

Obligaciones: congelar, bloquear y reportar

Cuando se confirma una coincidencia, las obligaciones de la empresa suelen seguir este orden:

1. Congelar los activos bajo su custodia y detener las transacciones pendientes. En el caso de los criptoactivos, esto significa bloquear la cuenta o transferir los fondos a una billetera segregada y controlada conforme a un procedimiento documentado, de modo que nada llegue a la parte designada.
2. Bloquear o rechazar las nuevas transferencias hacia o desde la parte designada, sin enviarle los fondos de vuelta.
3. Reportar el congelamiento a la autoridad competente dentro del plazo establecido por el régimen correspondiente, incluyendo identificadores, montos y referencias de las transacciones. También puede ser necesario presentar un reporte de transacción sospechosa a la unidad de inteligencia financiera cuando existan motivos más amplios para sospechar.
4. Registrar la coincidencia, las pruebas y cada medida adoptada, y conservar el expediente durante al menos el período de retención estándar.

La responsabilidad suele ser objetiva: en muchos regímenes, una empresa puede recibir una sanción por una transacción prohibida incluso si no tenía conocimiento de ella, aunque las autoridades suelen tener en cuenta la calidad de sus controles, su cooperación y cualquier divulgación voluntaria al determinar la sanción. La consecuencia práctica es que los controles de sanciones deben actuar antes de que se complete una transacción, no después.

Enfoque del examen: en qué se diferencian las sanciones del LA/FT (sin umbral, prohibición en lugar de sospecha, responsabilidad a menudo objetiva); las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI, el congelamiento «sin demora» y cómo la Recomendación 15 incluye los activos virtuales; por qué las sanciones de la ONU obligan a todos los Estados miembros (Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas); los comités de sanciones, la Lista consolidada y las designaciones nacionales de la resolución 1373; los regímenes autónomos y cómo decide una empresa cuáles se aplican; las principales medidas (congelamiento de activos, prohibición de poner activos a disposición, medidas sectoriales y territoriales); la propiedad y el control, incluido el cálculo de una prueba agregada del 50 %; la secuencia de congelar, bloquear, reportar y registrar.