Sanciones y marcos regulatorios internacionales

Diferentes herramientas, diferentes objetivos

Las sanciones son restricciones impuestas en virtud de la autoridad legal de una jurisdicción a determinadas personas, entidades, actividades o territorios. Pueden prohibir operaciones, exigir el bloqueo o la congelación de activos y generar obligaciones de notificación. La regulación prudencial aborda la seguridad y resiliencia de una institución; la regulación de conducta se ocupa del comportamiento en el mercado y del trato a los clientes; la regulación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) aborda los controles contra los delitos financieros. Estas áreas se superponen, pero no deben reducirse a una única «licencia de criptomonedas» genérica. Un proveedor podría estar sujeto a varias obligaciones porque mantiene activos de clientes, transfiere valor, atiende a clientes en el extranjero y opera con una parte sometida a restricciones legales.

La regla aplicable depende de la jurisdicción, la clasificación del activo, la actividad regulada, la ubicación del cliente y el momento. Los profesionales del sector público y del ámbito jurídico deben dejar constancia de la fecha de su análisis regulatorio. La afirmación comercial de una empresa de que «cumple con la normativa» no demuestra que tenga permiso para prestar un servicio determinado en todos los países. Del mismo modo, la autorización en una jurisdicción no otorga automáticamente autorización en otra.

GAFI: la referencia internacional común

Las Recomendaciones 1, 10, 15, 16, 20 y 35 del GAFI orientan los marcos nacionales en materia de evaluación de riesgos, diligencia debida del cliente, activos virtuales, transparencia de pagos, notificación y sanciones por incumplimiento. El GAFI utiliza evaluaciones mutuas y procesos de seguimiento para evaluar cómo las jurisdicciones implementan y hacen cumplir las normas. Una evaluación de bajo riesgo no autoriza a ignorar sanciones vinculantes ni la diligencia debida obligatoria. Las autoridades nacionales conservan sus propias funciones jurídicas y facultades de ejecución.

Otros organismos internacionales de normalización

El GAFI no es la única referencia mundial. El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) publicó en 2023 recomendaciones de alto nivel para las actividades con criptoactivos y los acuerdos globales de monedas estables, basadas en el principio de «misma actividad, mismo riesgo, misma regulación». La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) publicó en noviembre de 2023 Recomendaciones de política para los mercados de criptoactivos y activos digitales, que abarcan los conflictos de intereses, el abuso de mercado, la custodia de activos de clientes y la cooperación transfronteriza. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea establece el tratamiento prudencial de las exposiciones de los bancos a criptoactivos. Estos organismos no otorgan licencias a nadie; las autoridades nacionales convierten sus normas en reglas vinculantes.

Diferencias entre los regímenes nacionales y regionales

Los marcos nacionales implementan estas normas de distintas maneras. La mayoría exige autorización o registro para actividades como el intercambio, la transferencia, la custodia y la intermediación, pero define esas actividades, las exenciones y los requisitos de capital y conducta según sus propios criterios. Algunos crean una ley específica sobre criptoactivos con una única licencia que puede utilizarse en varios países; por ejemplo, el Reglamento de la UE sobre los mercados de criptoactivos (MiCA) permite que un proveedor autorizado ofrezca servicios en toda la UE. Otros aplican las leyes existentes sobre valores, pagos y transmisión de dinero actividad por actividad, con la participación de varios reguladores; Estados Unidos es un ejemplo, donde ahora una ley federal independiente regula las monedas estables de pago. Los umbrales, los períodos transitorios y las fechas de entrada en vigor también varían, por lo que es importante la fecha de cualquier análisis jurídico.

Por lo tanto, la afirmación de una empresa de que está «regulada» requiere tres verificaciones: qué autoridad, qué actividad y qué jurisdicción. La autorización en un país no es un permiso para atender a clientes en todas partes.

Sanciones: una capa independiente

Los programas de sanciones provienen de dos fuentes principales. Las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se adoptan a nivel internacional y cada Estado miembro las implementa mediante su legislación nacional. Además, los Estados y organismos regionales mantienen sus propios programas y listas, que pueden tener un alcance mayor que las listas de la ONU. Muchos programas establecen responsabilidad objetiva: una operación prohibida puede constituir una infracción incluso si la empresa desconocía que la contraparte estaba designada. Algunas autoridades han designado direcciones específicas de cadenas de bloques, lo que convierte la verificación de direcciones en parte de un programa de sanciones. Como varios programas pueden aplicarse a una misma empresa al mismo tiempo (por su ubicación, su moneda, sus clientes o su personal), es necesario identificar los programas aplicables antes de decidir qué exige una coincidencia.

Aplicación de sanciones en un flujo de trabajo real

Un programa eficaz de sanciones evalúa la exposición, utiliza listas y actualizaciones vigentes, valida posibles coincidencias, examina el fundamento jurídico de las restricciones y remite las decisiones al personal autorizado. Una dirección en cadena puede figurar en una designación pública, pero no todas las direcciones asociadas mediante análisis están necesariamente designadas legalmente. La atribución suele tener límites de confianza; un profesional no debe convertir una relación heurística en una afirmación de que una persona está sancionada. Bloquear, rechazar, congelar, notificar a las autoridades y liberar fondos son acciones jurídicamente distintas. La decisión correcta depende de la ley y de las directrices específicas del programa, no de las preferencias del analista.

Una entidad pública que contrata servicios de datos podría tener que verificar a los proveedores, las contrapartes contractuales y las vías de pago pertinentes, respetando al mismo tiempo la legislación sobre contratación pública, el debido proceso y la protección de datos. Un incidente transfronterizo puede plantear simultáneamente cuestiones de jurisdicción en materia de sanciones, licencias locales, divulgación de datos personales y cooperación entre autoridades competentes. El resultado defendible es un registro fechado de decisiones jurídicas y operativas que identifique las fuentes, los supuestos, las cuestiones sin resolver y las personas responsables de aprobarlas. Una matriz regulatoria es un punto de partida, no asesoramiento jurídico para una transacción.

Enfoque del examen: Identifique las funciones del GAFI y de los demás organismos internacionales de normalización (FSB, IOSCO y Comité de Basilea); explique por qué las sanciones, la autorización, las normas de PBC/FT y las normas de conducta son pruebas independientes; reconozca que los regímenes nacionales implementan las normas de manera diferente, que una licencia de una jurisdicción no se extiende automáticamente a otras, y que deben comprobarse las fechas de entrada en vigor y el estado jurídico verificado.